Legislación podría subir precio de pollo

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Legislación podría subir precio de pollo

18 May 2012

PUERTO RICO - Tres organizaciones que representan a empresarios en la industria de alimentos advirtieron que el precio del pollo podría aumentar como resultado de la aprobación en el Senado de legislación que crearía la nueva Oficina de Inspección de Carne de Pollo y sus Productos Derivados de Puerto Rico, lo que se calificó como “burocracia adicional para supuestamente regular y fiscalizar un sector comercial que ya está ampliamente regulado y fiscalizado tanto a nivel local como federal”.

La advertencia la hicieron en comunicado conjunto la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (“MIDA”), la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) y el Centro Unido de Detallistas (CUD), informa Primera Hora.

“Nadie se opone a que se proteja la salud del consumidor, pero esta medida es un subterfugio para poner el control de todo un sector comercial en manos de una Junta que estaría controlada por un grupo que pretende auto-regularse, lo cual representa un claro conflicto de interés en perjuicio del consumidor”, afirmó el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes.

“Precisamente para evitar conflictos y velar por los intereses del consumidor, las facultades reglamentarias deben estar en manos del sector público, como ocurre actualmente, o de personas sin interés comercial en el área que se busca regular. De su faz esta legislación provocaría un impedimento para lograr una fiscalización objetiva e imparcial”, sostuvo.

Por su parte el presidente de ASORE, Humberto Rovira, declaró que “existen cuatro organismos gubernamentales a nivel federal y local que regulan y fiscalizan la producción, elaboración e importación de la carne de pollo en protección del consumidor: el Departamento de Agricultura federal (USDA), y los departamentos de Agricultura, de Asuntos del Consumidor y de Salud del gobierno de Puerto Rico”.

Agregó que “nadie ha escuchado en el país, ni se presentó evidencia durante el proceso de vistas públicas, de la existencia de querellas o problemas de salud del público por el consumo de pollo.

Al hacer un llamado a la Cámara de Representantes para que no apruebe el proyecto, sostuvo que “esta medida es mala para el consumidor, y el público debería exigir más información al respecto. Cabe preguntarse si en efecto lo que busca esta ley es proteger al consumidor o si hay otros intereses envueltos. Claramente no hace falta otro ente regulador”.

Para el Centro Unido de Detallistas “lo propuesto en el proyecto del Senado 2520 representa una duplicidad de esfuerzos y recursos. La industria del pollo es una altamente regulada y al presente fiscalizada por 4 distintas dependencias, tanto a nivel local como federal. La creación de una quinta agencia fiscalizadora del producto no tiene justificación ni fundamento razonable alguno. Más allá, lo propuesto conflige con la política pública del Gobierno de maximizar los recursos y minimizar la duplicidad de gestiones y funciones en el gobierno. El objetivo que se percibe detrás de la medida es el integrar a un grupo del renglón de la cadena de producción del producto en la Junta de Directores a cargo de la Oficina fiscalizadora propuesta. Esto representa un craso conflicto de interés ya que esta Junta estará a cargo de establecer la política pública que regirá a toda una industria, además de velar por la fiscalización adecuada del producto”.

La organizaciones coincidieron al señalar que “lo que se busca realmente con la medida, y así lo ha expresado públicamente su autor, es que algunos productores locales que no pueden competir por precio, puedan limitar la competencia y disponibilidad del producto. Esto sólo puede traducirse en que al final de la cadena los precios para nuestros consumidores se verán afectados”.

Declararon que “estamos de acuerdo con aquellos esfuerzos que estén legítimamente dirigidos a garantizar que todo el pollo que se ofrezca en el mercado puertorriqueño como fresco, ya sea importado o local, sea en efecto fresco y cumpla con las leyes y reglamentos federales y estatales que ya existen para beneficio y protección del consumidor. Pero estamos en contra de medidas para proteger intereses o empresas particulares que tengan como efecto perjudicar al consumidor limitando la variedad y encareciendo el producto, que es lo que resultaría de esta legislación aprobada en el Senado”.