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¿Por qué debería España pedir una moratoria para las ponedoras?
09 February 2012ANÁLISIS – La semana pasada, los ganaderos españoles pidieron al ministro de Agricultura que intercediera en su nombre ante la Comsión Europea para ganar tiempo en la introducción de las jaulas enriquecidas para ponedoras comerciales. Por Chris Harris, director de redacción en ElSitioAvícola y ThePoultrySite.
Los ganaderos quieren una moratoria de dos años para aplicar los cambios de la Comisión Europea, que prohíben el uso de jaulas en batería y exigen la instalación de nuevas jaulas más grandes que proporcionen más espacio a las gallinas.
También quieren que el Gobierno español les conceda créditos blandos que les ayuden a pagar las mejoras.
Los avicultores estiman que el coste de la instalación de nuevas jaulas para una granja de tamaño medio (40.000 aves) será de unos €720.000 y consideran que si no se les ayuda, hasta un 40 por ciento de las instalaciones avícolas (unas 400 granjas) quedarán fuera del negocio.
España es uno de los 14 países que no cumple la nueva normativa de la Comisión Europea.
Estos estados son: Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Holanda, Malta, Polonia, Portugal, Rumania y España. Representan unos 45 millones de gallinas ponedoras o lo que es lo mismo, el 14 por ciento de la producción de huevo en la UE.
A pesar de que el Reino Unido estaba promocionando un cumplimiento absoluto de la Directiva, a principio de año se informó de que algunas granjas no se han terminado de hacer todos los cambios necesarios hacia los nuevos sistemas. Se espera que ya lo hayan hecho o que lo terminen de hacer este mes.
Ahora existe una gran preocupación por toda Europa sobre la posibilidad de que se establezca un sector del huevo en dos niveles.
El mes pasado, la presidencia danesa dijo que iba a pedir un cumplimiento estricto de las nuevas normativas y que se había informado al comisario de Sanidad de la UE, John Dalli, para que mandara cartas a los Estados miembros para avisarles de que se emprenderían acciones legales si no cumplían con la prohibición de la UE en cuanto a las jaulas en batería.
Las repercusones derivadas de que la mitad de los estados europeos no cumplan las leyes ya se han visto con la acción unilateral de la República Checa al prohibir la importación de huevos de Polonia porque es uno de los países que no cumple la nueva ley.
Sin embargo, existen temores importantes entre la comunidad ganadera ante que la CE podría conceder peticiones como la de España y conceder una moratoria de dos años. La pregunta que surgiría y que surge es: ¿qué pasaría con aquellos huevos que todavía se producen ilícitamente?
La mayoría del producto se destina a la producción de huevo líquido o en polvo para el sector del procesamiento, que no puede rastrearse. Incluso el sistema de rastreabilidad más exigente perdería la batalla una vez que el huevo se ha roto y procesado.
El problema no está relacionado solo con el bienestar sino también con la economía; aquellos huevos que no se han producido en los nuevos sistemas de jaulas mejoradas son más baratos que los que sí se han producido así.
En el Reino Unido, una empresa procesadoras de alimentos, Premier Foods, ha conseguido asegurarse de que no está importando productos de productores que no cumplen la Directiva al utilizar únicamente huevos camperos en su producción.
Sin embargo, la reacción por parte de la mayoría de productores que cumplen con la normativa es que no debería haber margen ni moratoria ni ayuda a los avicultores que no están cumpliendo con la ley ya.
Argumentan que han pasado doce años ya en los que cualquier avicultor podría haber mejorado los sistemas de producción y que ya han hecho una inversión considerable para mejorar sus propios sistemas.
También existen preocupaciones en el sector porcino que verá entrar en vigor la introducción de los sistemas de alojamiento de tabulación libre y que prohibirá los establos el año que viene. Habrá "lloros" similares por parte de aquellos que no se han molestado en cambiar sus sistemas de producción.
La organiación de ganaderos española que está apoyando la moratoria y los préstamos para financiar las mejoras en los sistemas de alojamiento para ponedoras (COAG) también ha advertido que 75.000 granjas de cerdos del país se enfrentan a una deuda de más de €700 millones para hacer los cambios necesarios en los alojamientos para cerdos.
Sin embargo, los porcicultores de toda Europa han tenido muchos años para hacer los cambios y provocará el enfado de aquellos que ya han realizado las inversiones necesarias si la Comisión Europea no muestra tener una fortaleza de acero ante las súplicas.
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