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Los integradores de Sadia no son empleados
07 October 2010BRASIL – El Tribunal de la Corte Superior del Trabajo (TST) no reconoció la relación laboral entre las empresas agropecuarias y sus integradores.
La discusión se refiere a una demanda contra Sadia. La decisión fue tomada la semana pasada y dada a conocer ayer por la Asociación de Avicultores de Santa Catarina (ACAV).
Según el director ejecutivo de la organización, Ricardo Gouvea, la medida pone fin a un debate en el Tribunal del Trabajo sobre la relación entre la industria y los productores integrados, reportó Diario.com.br.
Gouvea dice que si se reconoce el vínculo, las empresas tendrían que construir sus propias granjas y contratar personal para su manejo. Esto se debe a que la demanda quería que las empresas pagaran vacaciones, el 13avo salario y otros derechos laborales a los productores integrados.
“Nuestra tesis, de que esta es una sociedad entre las empresas y los productores, salió victoriosa”, Gouvea, dijo.
Para él, más acciones de este tipo, contra los agronegocios, no deben ser llevadas adelante debido a la decisión de la TST.
El coordinador estatal de la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar en la Región Sur (Fetraf-Sul/CUT), Alexandre Bergamín, dijo que la organización aún está evaluando la decisión. Dijo que el reconocimiento de empleo solicitado por el Ministerio de Trabajo, después de las audiencias con los productores tuvo como objetivo discutir la relación entre el productor y la agroindustria.
Bergamín sostiene que el contrato debe ser una sociedad entre los integrados y las empresas, pero que en realidad es una relación de subordinación a las empresas. Él no descarta que se van hacer demandas en los tribunales en el futuro.
Para el presidente de la Unión de Criadores de Aves de Santa Catarina (Sincravesc), Kovaleski Valdemar, el tribunal debe ser respetado. Se espera que el asunto se calme con la creación de una ley específica que regula las relaciones entre los productores y la agroindustria.
Kovaleski informa que se discute la elaboración de una ley que surgió de los líderes de los sectores involucrados.
En la acción contra la Sadia, el fiscal Sandro Sardá pidió reconocimiento de la relación laboral entre la empresa y los agricultores y la indemnización de $ 20 millones en daños punitivos a los agricultores.
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