La colusión aparece de nuevo en la industria avícola latinoamericana

La semana pasada, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México realizó un análisis ex post para medir los efectos causados por una colusión (práctica monopólica absoluta) en el mercado del pollo de la Ciudad de México.

Según informó la COFECE, durante 44 días –transcurridos entre 2008 y 2009- los consumidores de pollo de la ciudad de México pagaron un sobreprecio de 32.4%, que se generó a partir de un pacto entre competidores para imponer un piso mínimo en el precio de este producto.

Se estima que esta práctica causó un daño a los consumidores de al menos 107 millones de pesos.

Según indica COFECE, el caso analizado consistió en la celebración de acuerdos e intercambio de información entre competidores – Bachoco, Pilgrim’s, San Antonio, Tyson y Pollo de Querétaro, con la intermediación y ayuda de la Unión Nacional de Avicultores (UNA) – para establecer en diversos periodos, un precio uniforme en la venta del pollo, específicamente en mercados públicos y pollerías.

El Pleno de la Comisión resolvió, en octubre de 2013, imponer una multa total por 132 millones de pesos a los agentes económicos y personas físicas involucradas, además de ordenarles suprimir la práctica. Los sancionados acudieron al Poder Judicial para interponer, cada uno por su parte, juicios de amparo respecto a esta decisión, los cuales aún se encuentran pendientes de resolución definitiva.

Al poco tiempo de conocerse la publicación de este informe, la Unión Nacional de Avicultores (UNA) emitió una comunicación en la que negaba haber formado parte de estas prácticas monopólicas. 

La UNA negaba en esta comunicación "haber propiciado o promovido dichas prácticas" y es por ello que presentó ante los tribunales información que respalda esta posición. También señalaba que los tribunales federales aún no han resuelto los recursos interpuestos a este asunto y que, por tanto, todavía no había sido juzgado definitivamente.

Hace solamente unos meses, otro de los mayores casos de colusión en torno a la industria avícola se resolvía: el conocido como "Caso pollos" en Chile.

En noviembre de 2015, la Corte Suprema rechazó los recursos de reclamación presentados contra la sentencia dictada en septiembre de 2014 por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia –TDLC– condenó a la empresas Agrosuper, Ariztía, Agrícola Don Pollo y a la Agrupación de Productores Avícola (APA), por conductas de colusión que, entre otros, les permitieron acordar limitaciones a la producción de carne de pollo y asignarse cuotas de producción y comercialización de productos avícolas.

En esta ocasión, las partes implicadas fueron condenadas por el establecimiento de un acuerdo de asignación de cuotas de producción de pollo que restringió la oferta de dicho producto por más de 15 años. La colusión consistió en proyectar la demanda futura de pollo y asignar cuotas de producción.

En este caso, el Gobierno ordenó la disolución de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) y se impusieron altas multas a las empresas implicadas. Por otro lado, y asociaciones de consumidores (CONADECUS y SERNAC) presentaron demandas colectivas en busca de la compensación a los consumidores afectados.

En el caso mexicano, todavía faltan por resolverse los recursos presentados por las distintas partes. Habrá que ver cuáles son las consecuencias para las empresas mexicanas acusadas de haber participado en este caso de colusión y para la Unión Nacional de Avicultores una vez las autoridades de competencia dispongan una resolución definitiva.

Sin embargo, si nos fijamos en el caso chileno, las consecuencias podrían ser bastante graves de confirmarse la colusión en México para las partes implicadas, tanto a nivel económico por las sanciones, como a nivel de credibilidad de cara a los consumidores. 

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